domingo, 28 de noviembre de 2010

Idioma de la documentación de precios de transferencia

Escribo este post para intentar aportar un poco de luz en un tema trivial por su naturaleza pero que lamentablemente la Administración tributaria (o el Gobierno) ha permitido que se mantenga en la oscuridad y hasta sea motivo de controversia entre las empresas y sus asesores: el idioma en que debe mantenerse la documentación de precios de transferencia que exige el art. 16.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) y que se desarrolla en los arts. 18, 19 y 20 del Reglamento (RIS).

En efecto, muchos grupos multinacionales tienen elaborada de forma centralizada gran parte de dicha documentación y disponible para todas las empresas del grupo en idioma inglés. En otros casos, la dirección financiera y fiscal del grupo deseará que sus filiales en España le informen detalladamente del contenido de dicha documentación, por cuanto el mismo afecta a operaciones en otros países y debe mantener la conveniente coherencia con las políticas del grupo, máxime en un tiempo en el que las inspecciones multilaterales han dejado de ser una entelequia.

Nada dice la normativa española citada sobre el cumplimiento de las obligaciones de documentación en un idioma no oficial en España, como puede ser el inglés. Y es ciertamente extraño puesto que, como es sabido, las exigencias de documentación de operaciones vinculadas de los arts. 19 y 20 RIS se limitan a recoger, casi literalmente, el contenido del Código de Conducta de la UE en materia de documentación de precios de transferencia (DPT UE), que en su apartado 23:

"23. No siempre debería ser necesario traducir los documentos a una lengua local. Para minimizar los gastos y los retrasos debidos a la traducción, los Estados miembros deben aceptar, en la medida de lo posible, documentos redactados en una lengua extranjera. En cuanto a la DPT UE, las administraciones tributarias deberían estar dispuestas a aceptar el masterfile en una lengua de común comprensión en los Estados miembros interesados. Sólo se deberían exigir traducciones del masterfile en los casos estrictamente necesarios y previa petición específica."
De forma aclaratoria, la nota con preguntas y respuestas que acompañó la emisión del Código de Conducta contenía una mención expresa al tema del idioma:
"In what language should the EU TPD be prepared? The masterfile should be provided and accepted in a commonly understood language for all the Member States concerned. Translations of the masterfile should  be made available only upon specific request. The country-specific documentation should be prepared in a language prescribed by the specific Member State concerned."
En el ámbito español, este criterio ha sido recogido por el documento de conclusiones del Grupo de Trabajo de Precios de Transferencia constituido en el Foro de Grandes Empresas constituido por la Secretaría de Estado de Hacienda y representantes de las principales empresas del país:
"La legislación española es clara en cuanto al uso del idioma en los procedimientos administrativos. El artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común y el artículo 106.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria por remisión al artículo 144 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, establecen que de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, establecen que la lengua de los procedimientos de la Administración General del Estado será el castellano.
No obstante, y con el fin de minorar la carga administrativa indirecta de los contribuyentes y de seguir los consejos del Foro Europeo, la Agencia Tributaria tratará de facilitar, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, el tipo de documentación y las explicaciones dadas por el contribuyente, que determinada documentación pueda aportarse en un idioma no oficial en España, normalmente el inglés. inglés. A tales efectos, y en función de los medios disponibles en cada momento, se proporcionará a los funcionarios que deban analizar dicha documentación, cuando así lo necesiten, el apoyo necesario para solventar los problemas que esta circunstancia pueda generar.
La aplicación de este criterio de flexibilidad en ningún caso impedirá que, cuando así se considere necesario por la trascendencia de determinada documentación, se requiera su aportación en castellano."
Finalmente, recordemos que el tipo infractor que sanciona el incumplimiento formal de las obligaciones de documentación de operaciones vinculadas (art. 16.10 TRLIS) literalmente indica:
"Constituye infracción tributaria no aportar o aportar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la documentación que conforme a lo previsto en el apartado 2 de este artículo y en su normativa de desarrollo deban mantener a disposición de la Administración tributaria las personas o entidades vinculadas. (...)"
En relación con la consideración de infracción tributaria, el art. 179.2.d) de la Ley General Tributaria exonera de la imposición de sanciones a los contribuyentes "cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias".

De lo anterior caben dos conclusiones:

  1. No deberían resultar exigibles las sanciones contempladas en el art. 16.10 TRLIS a un concluyente que dispone de la documentación de operaciones vinculadas de forma completa y exacta redactada en idioma inglés.
  2. No obstante, la Administración tributaria podría requerir la traducción al castellano, a costa del contribuyente, de dicha documentación, a fin de que sea revisada.


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