martes, 7 de diciembre de 2010

Acuerdo Intercambio de Información con San Marino, remitido al Parlamento para ratificación

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de España y la República de San Marino.
De acuerdo con la legislación española, San Marino es considerado paraíso fiscal en virtud de lo previsto en la Disposición Adicional primera de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal de 2006 y en el Real Decreto de 5 de julio de 1991, por el que se determinan los países o territorios a que se refiere la de Medidas Fiscales Urgentes de 1991, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
El Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de España y la República de San Marino se firmó en Roma el 6 de septiembre de 2010, previa autorización del Consejo de Ministros del 20 de mayo de 2010.
Tiene como objeto la asistencia mutua mediante la cooperación en la notificación de las decisiones administrativas y el intercambio de la información que previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y la aplicación de su Derecho interno relativa a los impuestos a los que se refiere el Acuerdo. En España, los impuestos incluidos son: el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre el Valor Añadido, los Impuestos Especiales y los Impuestos locales sobre la renta y el patrimonio.
Asimismo, se incluyen en este Acuerdo disposiciones relativas al intercambio de información previo requerimiento; a la posibilidad de inspecciones fiscales en el extranjero; a las condiciones para la denegación de una solicitud de información; a la confidencialidad de la información; al requerimiento de notificación; a la atribución de los costes generados; al desarrollo normativo para la ejecución del Acuerdo; al idioma a usar en las consultas y al procedimiento amistoso para la aplicación o interpretación del Acuerdo.

Fuente: la-moncloa.es

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