miércoles, 18 de marzo de 2015

La inaplicación de un convenio de doble imposición seguida de la declaración en fraude de ley de la operación es legítima

El pasado 9 de febrero el Tribunal Supremo emitió sentencia en el caso de la Administración tributaria frente a  SABIC INNOVATIVE PLASTICS DE ESPAÑA, SCPA (anteriormente GE
PLASTICS DE ESPAÑA), en la que confirma la regularización practicada por la Administración española en la que se consideró en fraude de ley una operación de adquisición de acciones en sociedades no residentes del grupo financiada con un préstamo intragrupo (estructura de "ETVE apalancada").
Entre los razonamientos utilizados por el Tribunal para desmontar los argumentos del contribuyente destaca la interpretación del contenido de los Convenios de Doble Imposición, que considera compatible con la aplicación de normas anti-abuso domésticas, como son los preceptos sobre simulación y fraude de ley contenidos en la Ley General Tributaria (LGT).
Según nuestro Alto Tribunal, la aplicación de un Convenio para evitar la doble imposición no puede amparar operaciones que a la postre conduzcan a la desimposición, salvo que los Estados signatarios así lo hayan acordado de forma expresa. Lo contrario, sería admitir que los Convenios pudieran constituirse en instrumento para legitimar comportamientos elusivos o para anular las facultades que el ordenamiento reconoce a la Administración tributaria en pos de una correcta tributación, como ocurre con las posibilidades de recalificación o la institución del fraude de ley. Dicho de otra forma, la aplicación y la interpretación de los Tratados internacionales no pueden desplazar sin más la eficacia de los principios básicos de la tributación recogidos en el artículo 31 Constitución Española. Por tanto, que la Administración acudiera a la declaración de fraude de ley, conforme al art. 24 Ley 230/1963 (anterior LGT), sin aplicar las disposiciones de los Convenios concurrentes, de ningún modo puede ser tachado "per se" como una actuación contraria a Derecho.
Más información: Sentencia del TS 9 de febrero de 2015

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